La diplomacia es un arte sutil, pero la controversia que rodea la Cumbre de las Américas tiene tintes de ruptura brutal. La decisión, ya recurrente, de excluir a Cuba, Nicaragua y Venezuela de este foro hemisférico ha dejado de ser un mero incidente. Oficialmente, se trata de proteger un cenáculo de «democracias». Pero para una parte creciente de las naciones latinoamericanas y caribeñas, esta justificación se ha vuelto inaudible. Se percibe como la manifestación de una «arrogancia imperial» y la aplicación de un doble rasero que ya no engaña a nadie.
Ante este cisma creciente, surge una pregunta iconoclasta, casi tabú: ¿y si, en nombre de esos mismos principios democráticos, se cuestionara la participación de los propios Estados Unidos? Al devolver el espejo que Washington tiende a sus vecinos, el análisis crítico de su propio sistema político y social dibuja el retrato de un país en profundo desajuste con los ideales que pretende defender. La cuestión ya no es meramente diplomática. Es una cuestión de coherencia.
La Hegemonía Cuestionada – Génesis y Crisis de un Orden Americano
Para comprender la crisis actual, es necesario remontarse a la génesis de la Cumbre. Convocado por primera vez por Bill Clinton en Miami en 1994, en el singular contexto geopolítico de la posguerra fría, el evento se presentó como la celebración de una «comunidad de sociedades democráticas». El proyecto era claro: institucionalizar el liderazgo estadounidense fusionando los conceptos de «democracia» y «economía de mercado», bajo la égida del «Consenso de Washington», el marco de reformas neoliberales promovido por las instituciones financieras con sede en Washington.
Desde el principio, la exclusión de Cuba sentó el axioma fundacional: la Cumbre no es un foro geográfico de todas las Américas, sino un club político cuyo derecho de admisión se reserva Washington. Esta política acabó por generar su propia contestación. En la Cumbre de 2012, las naciones de la región declararon por unanimidad que no participarían en ninguna cumbre futura si no se invitaba a Cuba, sumiendo el proceso en una crisis existencial. Esta voluntad de autonomía se institucionalizó con la creación de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) en 2011, un foro regional concebido explícitamente sin Estados Unidos ni Canadá. La crisis de 2022, en la que el boicot liderado por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador fue ampliamente secundado, transformó la CELAC en una verdadera plataforma de coordinación política frente al unilateralismo estadounidense.
Este pulso ha puesto de manifiesto la norma impuesta por los propios Estados Unidos: para participar en la Cumbre, hay que ser una «democracia». Por lo tanto, no solo es legítimo, sino necesario, aplicar este estándar a su principal instigador.
El Veredicto de los Hechos – Retrato de una Oligarquía Funcional
Si se evalúa la democracia estadounidense no por sus rituales, sino por el reparto real del poder, el diagnóstico es inapelable. El estudio de referencia de los politólogos Martin Gilens y Benjamin Page, tras analizar cerca de 1.800 decisiones políticas, se ha convertido en una prueba de cargo ineludible. Su conclusión: la influencia del ciudadano estadounidense medio en las políticas públicas es «minúscula, cercana a cero y estadísticamente no significativa». El sistema político estadounidense no se corresponde ni con el modelo de la «democracia electoral mayoritaria» ni con el del «pluralismo mayoritario». Responde perfectamente a las teorías de la «dominación de las élites económicas» y del «pluralismo sesgado». En resumen, la mayoría no gobierna.
Esta oligarquía se cimienta sobre mecanismos estructurales de una eficacia temible:
- El Dinero como Derecho Constitucional: La sentencia Citizens United v. Federal Election Commission del Tribunal Supremo en 2010 dinamitó un siglo de regulaciones al equiparar el gasto político de las empresas con la libertad de expresión. Abrió la veda a los «Super PACs», entidades que pueden gastar sumas ilimitadas, y al «dinero opaco» (dark money), miles de millones de dólares que circulan anónimamente a través de organizaciones sin ánimo de lucro. Desde esta decisión, el gasto de los multimillonarios en las elecciones se ha multiplicado por 163. A esto se suma el lobbying institucionalizado, cuyo gasto (3.500 millones de dólares anuales en 2012) representa cinco veces el importe de las contribuciones de campaña, y que en un 84 % procede de empresas.
- Una Arquitectura Electoral Sesgada: La voluntad popular también se ve falseada por la propia arquitectura del sistema. El gerrymandering, la redefinición partidista de las circunscripciones electorales, utiliza técnicas de «cracking» (dispersión de los votantes adversarios) y «packing» (concentración de los votantes adversarios) para crear mapas en los que los políticos eligen a sus votantes, y no al revés. El Colegio Electoral, por su parte, es una herencia directa de la esclavitud. Fue una solución de compromiso para que los estados del Sur pudieran contar el 60 % de su población esclava en el cálculo de su peso político, otorgándoles un poder desproporcionado. Hoy, este sistema sigue produciendo efectos antidemocráticos, permitiendo que candidatos ganen la presidencia perdiendo el voto popular y diluyendo el poder político de los votantes afroamericanos, masivamente concentrados en estados del Sur donde su voto queda «sumergido».
El «Contrato Racial» – La Jerarquía como Pilar del Orden Estadounidense
El déficit democrático estadounidense está inextricablemente ligado a su fundamento más profundo: la supremacía blanca. Como teorizó el filósofo Charles W. Mills, la verdadera constitución no escrita de Estados Unidos es un «Contrato Racial». Se trata de un acuerdo tácito entre las personas definidas como «blancas» para establecerse como ciudadanos de pleno derecho, al tiempo que se define a las poblaciones no blancas como «subpersonas». No es un simple asunto de prejuicios, sino un sistema político de dominación que se perpetúa hoy bajo formas modernas y devastadoras.
- El «Nuevo Jim Crow»: La Cárcel como Herramienta de Exclusión Política: La jurista Michelle Alexander ha demostrado que el encarcelamiento masivo, desencadenado por la «Guerra contra la Droga», funciona como un nuevo sistema de castas raciales. Aunque los estudios demuestran que las tasas de consumo de drogas ilegales son similares, o incluso más altas, entre los blancos, la represión se ha dirigido de manera selectiva a las comunidades de color. El resultado es un sistema que encarcela a los hombres negros a un ritmo cinco veces superior al de los hombres blancos. La estadística del Sentencing Project es escalofriante: un hombre negro nacido en 2001 tiene una de cada cinco posibilidades de ser encarcelado a lo largo de su vida. Pero el aspecto más insidioso es lo que ocurre tras salir de la cárcel. Una condena por un delito grave conlleva una «muerte civil». Los exconvictos quedan «excluidos»: pierden el derecho al voto en muchos estados, se les deniega el acceso a viviendas sociales y a cupones de alimentos, y se enfrentan a una discriminación masiva en el empleo al tener que marcar «la casilla» en los formularios de solicitud. Es un mecanismo potente y legal para apartar del proceso democrático a millones de ciudadanos, en su mayoría no blancos.
- La Educación, Máquina de Reproducir Desigualdades: La escuela pública, pilar de la ciudadanía democrática, se ha convertido en una herramienta de estratificación. El problema central reside en su fuerte dependencia de los impuestos sobre bienes inmuebles locales. Este sistema crea mecánicamente un apartheid educativo de facto: los distritos ricos, donde el valor inmobiliario es alto, recaudan fondos sustanciales para sus escuelas, mientras que los distritos pobres, que acogen a una parte desproporcionada de alumnos de color, disponen de presupuestos irrisorios. Este sistema no se limita a reflejar las desigualdades, sino que las institucionaliza y las perpetúa a través de las generaciones, asegurando que las poblaciones que tendrían más interés en cuestionar el statu quo estén estructuralmente menos equipadas, intelectual y cívicamente, para hacerlo.
- Violencia y Supresión: A este panorama se suman estrategias contemporáneas de supresión del voto dirigidas a las minorías (leyes de identificación que exigen documentos que los pobres y las minorías tienen menos probabilidades de poseer, como en Texas, donde se acepta un permiso de armas pero no un carné de estudiante) y una violencia policial sistémica. Los estudios muestran que los negros y los hispanos tienen un 50 % más de probabilidades de sufrir violencia no letal por parte de la policía, y que las víctimas negras muertas por la policía tenían un 23 % menos de probabilidades de ir armadas que las víctimas blancas.
El Imperio y su «Efecto Bumerán» – Cuando la Política Exterior Corrompe la Democracia
Finalmente, la postura imperial de Estados Unidos es fundamentalmente incompatible con una democracia interna sana. El concepto de «blowback» (efecto bumerán), procedente de la jerga de la CIA, describe las consecuencias imprevistas de operaciones secretas que acaban por «volver» para golpear al país. El derrocamiento del primer ministro iraní en 1953, que sembró las semillas de la revolución de 1979, o el apoyo a los muyahidines en Afganistán, que contribuyó a la formación de Al Qaeda, son ejemplos clásicos.
Este estado de «guerra permanente» (contra el comunismo, la droga, el terrorismo) justifica una expansión masiva del poder ejecutivo, creando una «presidencia imperial» que opera en secreto y con escasa rendición de cuentas. También justifica la vigilancia masiva y la erosión de las libertades civiles en nombre de la seguridad. Esta dinámica alimenta directamente lo que el teórico Sheldon Wolin denominó un «totalitarismo invertido»: el miedo a una amenaza exterior, manipulado por el ejecutivo, empuja a ciudadanos temerosos a conceder dócilmente poderes de excepción, sustituyendo el debate democrático por una gestión de la seguridad.
Una Cuestión de Coherencia para el Futuro de las Américas
Entonces, ¿debería excluirse a Estados Unidos de la Cumbre de las Américas? Plantear la pregunta no es hacer un llamamiento a una política de la silla vacía, por muy tentadora que sea. Es utilizar un espejo para revelar una hipocresía fundamental que socava la credibilidad de todo el sistema interamericano. El derecho que se arroga Washington para excluir a naciones en nombre de la democracia es la proyección internacional de un orden interno que es, a su vez, oligárquico y racialmente jerarquizado, y que siempre ha funcionado definiendo «incluidos» y «excluidos».
La creciente negativa de las naciones de la región a plegarse a esta lógica no es un apoyo a los regímenes de La Habana o Caracas. Es una afirmación de soberanía. Es un rechazo al derecho que se arroga una potencia para definir unilateralmente las reglas del juego. Es un llamamiento a un verdadero multilateralismo. Para que la Cumbre de las Américas tenga futuro, deberá dejar de ser el club privado de una hegemonía en declive para convertirse en lo que siempre debió ser: un diálogo entre iguales. Un diálogo en el que cada participante, empezando por el más poderoso, esté por fin dispuesto a mirar de frente sus propias y profundas contradicciones.